Alcances de la Participación Ciudadana 

Le apostamos a procesos de participación en los que el ciudadano es un verdadero veedor de las acciones del Estado y de las empresas de servicios públicos. Entendemos que existe un nuevo rol para el ciudadano, un rol activo, presente y comprometido con los grandes cambios que requiere el país. A ese ciudadano informado, constructor de soluciones, dirigimos nuestros esfuerzos y creemos que a partir de su conciencia social es posible consolidar el control que fortalece las entidades del Estado y mejora las condiciones de vida de todos los colombianos.

A partir de la Constitución de 1991, el Estado colombiano soporta los procesos políticos en la democracia participativa, es decir, que los ciudadanos se encuentran más involucrados con las decisiones sobre lo público, sobre aquello que nos interesa a todos. Por esta razón el papel del ciudadano, desde este momento, es determinante para el fortalecimiento de nuestra democracia.

El término participación ciudadana hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al quehacer político. Está basada en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político. Otra forma en que se manifiesta la participación ciudadana es a través de las LIGAS y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES, las cuales pugnan por ciertos temas sociales sin sustituir en las funciones del gobierno sino evaluándolas, cuestionándolas o apoyándolas. También puede proponerse a través de la discusión de temas de importancia de los ciudadanos en foros organizados o por otras vías para llegar a un consenso.

Son fines esenciales del estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y vivienda de un orden justo. Los organismos estatales forman consejos ciudadanos para la administración o evaluación de las políticas públicas, formados de ciudadanos interesados y expertos independientes.

Durante los últimos años se viene potenciando la necesidad de un proceso de participación pública, de un proceso de identificación e incorporación de las preocupaciones, necesidades y valores de los distintos agentes en la toma de decisiones. Una correcta participación pública consiste en un proceso de comunicación bidireccional que proporciona un mecanismo para intercambiar información y fomentar la interacción de los agentes con el equipo gestor del proyecto. Con la participación de la comunidad se presentaba una ruptura total del estado con la sociedad civil que cada día generaba un mayor distanciamiento entre sus autoridades y la comunidad. Los ciudadanos que se limitaban a elegir mediante el voto al presidente, congresista, diputados y concejales, y hasta donde llega su acción y actuación democrática, sin que pudiesen elegir la eficacia de los compromisos adquiridos por los elegidos, y sin tener ninguna participación en la toma de decisiones que en forma directa los afectaba. Es decir, con esa ruptura se acababa con un ciudadano descontento, apático, desconfiado y obviamente, alejado de los destinos y acontecimientos del estado.

Algunas Administraciones municipales y departamentales, e incluso el mismo gobierno nacional, prestan muy poca atención a la participación de los agentes, bien considerando que los profesionales son los más adecuados para tomar decisiones con una orientación técnica, bien porque los políticos locales piensen que ellos representan mejor los intereses de la sociedad.

Los beneficios de la participación son diversos:

• Aporta el punto de vista de los usuarios/clientes que puede mejorar los proyectos y planes.
• Demuestra un compromiso con una gestión eficaz y transparente.
• Potencia el papel de participación de la sociedad civil
• Ayuda y mejora la toma de decisiones
• Puede evitar problemas en el desarrollo de programas y proyectos de beneficio comunitario
• Facilita el desarrollo de los proyectos en fase de construcción

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Los individuos de la sociedad colombiana; es decir, las personas con capacidad de voto, tienen el derecho de poner en práctica el uso de los mecanismos de participación para tomar decisiones que ayuden a resolver los problemas que los afectan.

Los mecanismos de participación son caminos que brindan garantías y beneficios al pueblo siempre y cuando el objetivo de éste sea el de buscar el bien común.

Las garantías se les dan a los individuos para:

- Votar de manera privada
- Militarizar zonas para brindar seguridad a los participantes de votaciones, huelgas, paros, manifestaciones etc.
- Mostrar su inconformidad o apatía frente a un partido político o a un dirigente.
- Garantizar que las leyes se cumplan por parte del Gobierno.

El marco legal colombiano establece como niveles de participación:

• La gestión, como el manejo de un conjunto de recursos de diversa índole, destinado a ejecutar las acciones necesarias para obtener un resultado que puede ser una solución o la satisfacción de una necesidad.
• La decisión, entendida como la adopción de una o varias estrategias para resolver un problema.
• La concertación, es decir el acuerdo mediante el cual dos o más personas o grupos de una comunidad definen la solución más conveniente.
• La fiscalización o vigilancia que ejerce una persona o grupo sobre el cumplimiento de las decisiones tomadas.
• La iniciativa o formulación de sugerencias por parte de interesados a resolver un problema o transformar una situación problemática.
• La consulta, o procedimiento mediante el cual los participantes opinan, deliberan sobre aspectos problemáticos y juzga para tomar una decisión.
• La información o el conjunto de datos, hechos, nociones que los participantes requieren para la toma de decisiones.

Los beneficios que adquiere el pueblo por hacer uso de los mecanismos de participación se ven reflejados en:

• Puesto que el pueblo es quien adopta una decisión obligatoria, el Gobierno está obligado a hacerla efectiva.
• La relación entre el Gobierno y el pueblo se hace más directa. El Gobierno debe cumplir el programa que presentó durante la campaña y por el cual fue elegido por la mayoría.
• Beneficios menores, como aquellos que se les ofrece a los votantes por su sufragio, reflejados en rebajas del precio en las pensiones, rebajas de tiempo en el servicio militar obligatorio, días libres de trabajo, etc.

Todos estos beneficios y garantías se brindan para que la gente no se ausente del mundo político del país; es decir, que por medio de su participación a través de estos mecanismos, la gente esté al tanto de las decisiones estatales que la afectan positiva o negativamente.

Los mecanismos de participación política son el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto tutela. En síntesis los mecanismos consignados en las distintas leyes tienen que ver con las posibilidades que tienen los ciudadanos de informarse sobre la acción y actuación democrática, pueden ser objeto de manipulación por parte del gobierno de turno. Colombia está inmersa en una encrucijada a enfrentar males como, la guerrilla, el paramilitarismo, la corrupción del aparato burocrático, la delincuencia común, la inoperancia del aparato de justicia, la pobreza, el desempleo, los pésimos niveles de la cobertura en la educación pública, la escasa producción agroindustrial; requiere de grandes compromisos políticos, económicos con los sectores populares. No es suficiente realizar veedurías, fiscalizar o aplicar algunos mecanismos consagrado en la ley.

De los 380 artículos consagrados en la Constitución tan sólo 33 están destinados a tratar el tema de la participación política, es decir, el 9 por ciento: artículos 38, 39, 40, 45, 49, 57, 60, 64, 68, 78, 79, 103, 104, 105, 106, 112, 154, 155, 170, 242, 246, 258, 260, 270, 318, 329, 330, 340, 369, 374, 375, 376, 377. Y en los casos más importantes se utilizan términos como “La ley podrá”, “El Estado promoverá”; “El Estado garantizará”, “La ley determinará”; expresiones de ambigüedad que sólo contribuyen para que el legislador impida la plena participación.

Lo que hace pensar, en la necesidad de cambiar el rumbo de las actuales políticas económicas y sociales. Asumir una plena participación ciudadana implica tener una visión crítica frente a una globalización injusta y sobre, contra las políticas neoliberales de los gobernantes de turno.

Colombia requiere de una nueva acción política, con carácter civilista que, desde la acción dialógica, fundada en la razón humanista, logre los mínimos posibles en la participación democrática y en el aprovechamiento de los recursos para las mayorías nacionales. Es preciso entonces que la participación ciudadana deje de ser un simple enunciado formal y se convierta en verbo permanente, ligado a la formación del nuevo ciudadano constructor de paz y de nuevo país. Para ello debemos ser más solidarios, más pluralistas, más tolerantes y sobre todo equitativos. El país requiere de un sector dirigente que renuncie a toda pretensión de un animismo, amiguismos, clientelismo y cuyo imperativo ético sea la responsabilidad social con los bienes públicos.

El artículo 7 de la Constitución reconoce a Colombia como un Estado Diverso en lo cultural y en lo étnico y se le asigna al Estado la responsabilidad de proteger dicha diversidad. De igual manera, el artículo 13 establece que “todos las personas nacen libres e iguales ante la Ley, y recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión o filosofía”.

Lo anterior significa, que no puede haber en Colombia exclusiones, restricciones o preferencias de motivación económica, social, política, racial, ideológica o religiosa, y que las autoridades estatales tienen la obligación de impedir que el principio de la igualdad sea vulnerado o amenazado. Pero la realidad expresa todo lo contrario; porque sólo en una autentica participación se amplía la democracia y desde luego, la aplicación de estos preceptos.

La participación democrática exige desde luego unos mínimos de condiciones objetivas como la existencia de Derechos, la creación de una cultura o ambiente para el ejercicio de tales libertades y derechos. Esto significa que el Estado debe promover la intervención de la ciudadanía en todos los asuntos que atañen a tal participación. Pero en un ambiente de hostilidad, de guerra interna, coacción, violencia es imposible generar tal ambiente o tal cultura de participación.

En tal sentido el país necesita implementar una educación que privilegie la participación cívica, con un amplio sentido estético y compromiso ético. Que las distintas comunidades acepten sus diferencias, que se admita el multiculturalismo y la multiplicidad de formas de pensar y de actuar. Y sobre todo, comprender que la defensa de la autonomía no es claudicación ante la globalización. Que la autorrealización potencie el nuevo ciudadano para que este termine siendo un sujeto irrenunciable a su proyecto de vida. Una autentica participación requiere de personas con deseo, motivación e interés. En este sentido, el proceso debe entenderse como una iniciativa particular que encuentre en el consenso colectivo el peso y su propia definición.

1. Control Ciudadano

El Control Ciudadano es una modalidad de participación ciudadana en los asuntos públicos con contenidos de vigilancia, crítica, seguimiento, evaluación, deliberación y sanción social, condicionada a la autonomía e independencia de los actores sociales y a los poderes sociales que disponga para producir consecuencias.

¿Cuáles son los propósitos del Control Ciudadano?

• Hacer visible y difundir al público información pública
• Recomendar medidas para hacer más transparente la información, las reglas de actuación y/o la toma de decisiones
• Denunciar o demandar judicial, disciplinaria o fiscalmente, con fines de corrección y/o de sanción criticar con fines de corrección o de sanción social
• Hacer seguimiento para verificar cumplimiento de actividades con fines de prevención, corrección o información al público
• Medir factores de desempeño institucional con fines de debate, crítica o corrección
• Hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos y metas de las autoridades, con fines de debate, crítica o corrección
• Promocionar compromisos éticos entre y/o con servidores públicos sobre asuntos generales o particulares de interés general
• Pedir rendición de cuentas a las autoridades

Son fines esenciales del estado: servir a la comunidad promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultura de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y vivienda de un orden justo.

Con la participación de la comunidad se presentaba una ruptura total de estado con la sociedad civil que cada día generaba un mayor distanciamiento entre sus autoridades y la comunidad. Los ciudadanos que se limitaban a elegir mediante el voto al presidente, congresistas, diputados y concejales, hasta donde llegaba su acción y actuación democráticas, sin que pudiesen elegir la eficacia de los compromisos adquiridos por los elegidos, y sin tener ninguna participación en la toma de decisiones que en forma directa los afectaba. Es decir, con esa ruptura se acababa con un ciudadano descontento, apático, desconfiado y obviamente, alejado de los destinos acontecimientos del estado.

En este sentido la constitución defina las bases para un estado democrático y participativo, con el cual éste principio adquiere un carácter fundamental y estructural de la misma organización del estado y de la sociedad. En efecto, desde el preámbulo la constitución reafirma el carácter participativo del orden jurídico que ella enmarca, y se desarrolla en el artículo 1 al afirmar que Colombia es un estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democráticas, participativa y pluralista. El artículo 2 señala como fines esenciales del estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten.

Se parte de una nueva concepción de la democracia, al hablarse de una democracia participativa, queriendo señalar con ello, que no basta la selección de nuestros gobernantes mediante el sufragio, sino que se requiere que los ciudadanos se involucren en cualquier acción que pretende adelantar el gobernante y que llegue a afectar de una u otra forma algún individuo o grupo social. Lo anterior nos lleva a una sociedad en constante movimiento y acción vigilante para que no se adopten decisiones son antes ser oídas y tomadas en cuenta en el proceso decisorio las opiniones y puntos de vista de los interesados. La participación supone un esfuerzo conjunto de la sociedad y de las instituciones para llevar a cabo proyectos y acciones capaces de conducir a una mejor calidad de vida de los ciudadanos, una mayor fortaleza y legitimidad de las instituciones y un equilibrio entre los diversos actores que conforman la dinámica social e institucional. Estos tres aspectos son la base para construid una sociedad capaz de resolver sus conflictos por medios no violentos.

La injerencia constante del ciudadano en los asuntos públicos, incluidos los ambientales, exigen no solo una capacidad institucional de respuesta, sino una claridad por parte de los ciudadanos en cuanto a los objetivos y naturaleza de los propósitos y estrategias que se pretenden llevar a cabo en cada ejercicio de participación. Es muy importante tener esto presente, por cuanto la participación o supone por lo menos la manifestación de un conflicto y se puede considerar en esencia conflictiva y también como una necesidad social reconocida que adquiere múltiples manifestaciones a través de diversas prácticas sociales. Por estas razones es que la participación ciudadana es el eje de la gestión ambiental, por ella no solo tiene lugar a través de mecanismos institucionales sino también por medio de mecanismos sociales y culturales.

2. Planeación Participativa

Es la forma en que proyectan los límites y posibilidades que tienen las comunidades para incidir en la determinación y elaboración de las políticas públicas. Para ella la ciudadanía debe pasmar de manera concreta sus inquietudes, necesidades, deseos y expectativas para poder influenciar dichas políticas públicas. Es la manera de presupuestar o mejor de priorizar el fortalecimiento de la democracia a partir de ejercicios que permitan las inversiones estatales sean efectivas en la medida en que tomen en cuenta lo que realmente la comunidad necesita.

3. Control Social

Es un control distinto del estatal, económico e institucional y pretende hacer el seguimiento a la gestión pública y hacer prevalecer el interés común. Es distinto el control social y la participación ciudadana; son dos conceptos distintos que sin embargo se complementa mutuamente.

4. Participación Ciudadana

Es la integración de la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones del gobierno de su ciudad o país, o dicho de otro modo, para que una ciudad o país moderno proporcionen los mejores servicios y oportunidades a la población, se debe contar con gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos quieren transmitir para contribuir a mejorar la política y la gestión de los asuntos públicos.

También podemos definirla como la adaptación de las comunidades a un proceso activo, organizado, por medio de técnicas de intervención (mecanismos e instrumentos) en la gestión pública para influenciar, contralar, supervisar y defender las iniciativas de desarrollo y de las decisiones que los afecten directamente; es bueno esclarecer que la capacidad para transformar el medio en que viven y de control sobre sus órganos políticos, económicos y administrativos.

5. Importancia y Tipología de la Participación

La participación ciudadana es necesaria para construir la democracia, por eso resulta fundamental para favorecer el control de los gobernantes, transmitir mejor las preferencias de la ciudadanía, suavizar los conflictos, favorecer los acuerdos, y hacer menos costosa la toma de decisiones políticas.

Además la participación fomenta un tipo de ciudadanía que tiene un mayor interés por informase acerca de los asuntos políticos, por cooperar con las demás personas, ser más respetuosas con las que son diferentes, buscando reforzar los vínculos sociales entre los seres humanos y favorecer la compresión intelectual. Con la aportación de hombres y mujeres a los asuntos públicos se da un salto cualitativo de la democracia representativa de la democracia participativa.

De fomentarla se encargan muchos organismos, desde las ligas y asociaciones de consumidores, las juntas de acción comunal, las asociaciones de padres de familia, organizaciones de usuarios de servicios, comités de control y desarrollo social consejos municipales de protección al consumidor, veedurías ciudadanas, la creación de consejos; el defensor del vecino, es decir, existen múltiples formulas de participación de la sociedad civil, capaces de acercarnos al estado mediante diversos mecanismos, normas y herramientas que nos ofrece la constitución y las leyes de Colombia.

Existen varias formas y modelos de participación como lo son:

5.1 Participación Política

Es la participación del ciudadano dentro de un proceso que tiene relación directa con lo político, y el poder político. Este tipo de participación se ejerce, generalmente, mediante el sufragio, y tiene por objeto tomar parte en una decisión de carácter político, vigilar el ejercicio del poder o incluso decidir sobre diversos asuntos concernientes a la estructura o acción del estado es el caso del referéndum, o la revocatoria del mandato, o la consulta popular, o la elección del diferentes cargos que surten mediante la elección popular. Es decir, que el ciudadano interviene para que el estado, o cualquiera de sus instancias, tengan un efecto político en virtud de la voluntad del ciudadano. Este tipo de participación este regulado en el artículo 40 de la constitución política colombiana. En este tipo de participación es claro que el ciudadano termina decidiendo sobre un determinado aspecto que es sometido a su consideración. Los mecanismo de participación política en Colombia están regulados por la ley 136 de 1994.

El objetivo de este tipo de participación es que el estado tome la decisión expresada por la mayoría de los ciudadanos a través del sufragio o cambie de estrategias dependiendo del papel que realice la sociedad en la vigilancia de la acción o ejercicio del poder.

5.2 Participación Administrativa

Esta participación se caracteriza porque el ciudadano interviene o tiene la posibilidad de incidir en la toma de las decisiones de la administración. Para entender esta participación es necesario tener claro que se entiende por administración pública. Administrar “consiste en tomar las medidas y ejercer las acciones necesarias parea manejar en la practica el estado y lograr los fines por el perseguidos, conforme a las reglas generales expedidas por el legislador. En consecuencia, la administración es la actividad consiste en reglamentar o ejecutar la ley. Esta actividad si requiere un ejercicio permanente y es en gran medida de contenido practico”.

Como se puede observar la acción de la administración se refiere a la actuación cotidiana y permanente de los diferentes órganos de la administración y es en ella donde el ciudadano tiene el mayor contacto con el estado, pues difícilmente se puede pasar un día en que en el desarrollo de las actividades cotidianas no se tenga que recurrir a la administración este tipo de participación se clasifica a su vez en orgánica y funcional. La primera característica, hace referencia a la posibilidad que tiene el ciudadano de ser parte del órgano de la administración. Es el caso de aquellos comités de localidades o de diferentes alcaldías a los cuales se les da la posibilidad a los ciudadanos de ser miembro de ellos.

La participación funcional es aquella que tiene lugar cuando el ciudadano puede intervenir en los procesos que adelanta la administración, pero fuera de los órganos administrativos. Es decir que el administrador o ciudadanos no hacen parte del órgano que toma la decisión, sino que interviene en el proceso que se sigue para tomarla. En este caso, el ciudadano no es un invitado a observar el proceso, sino que se involucra con su opinión en el proceso decisorio, para en ningún momento para desplazar a la administración en la toma de decisión, sino para influir en ella. El administrador interviene en interés particular o en nombre de intereses supraindividuales o colectivos. Mediante este tipo de participaciones se busca expresar los conflictos e intereses existentes en torno al tema objeto de la decisión de la administración, por tal motivo en ocasiones se considera que la participación funcional busca reducir los conflictos de intereses presentes en la decisión. Por otra parte, mediante esta participación se pueden encontrar mecanismos de solución de los conflictos sin que se llegue a procesos judiciales.

En suma, la participación administrativa permite al ciudadano, o bien ser parte de los órganos de administración en cuyo caso la participación se produce dentro de la acción administrativa, o bien intervenir en los procesos que lleva la administración para tomar una decisión, en cuyo caso la participación se da por fuera de la acción administrativa.

5.3 Participación Jurisdiccional

Esta tipología de la participación se diferencia de la funcional por el carácter autónomo que toma en Colombia, debido a los derechos que tienen los ciudadanos de acudir a la jurisdicción para proteger la guarda de la constitución, del principio de legalidad, y de los derechos individuales y colectivos. Mediante esta clase de participación el ciudadano interviene en los procesos jurisdiccionales para defender la legalidad, constitucionalidad de las normas- nuestro país, como casi todos los países latinoamericanos, se caracteriza por una reivindicación de la constitución legalidad, como pilares y baluartes indispensables de una verdadera democracia. Esto ha conducido a introducir diversos mecanismos capaces de hacer efectivo este propósito. El objetivo de este tipo de participación es mantener incólume a la constitución y el principio de de la legalidad que se debe orientar a la administración. Tal es el caso de la acción de inconstitucionalidad, de nulidad, la acción de tutela y popular.

5.4 Participación Comunitaria

Esta es una participación que se da por fuera de los canales institucionales, pero sin ser contraria a ellos, y es cuando la comunidad, sin ninguna injerencia del estado procede a organizarse para desarrollar actividades o acciones que son el resultado de la ejecución de un apolítica o son un proyecto de un organismo público o privado, nacional o internacional, y que para llevarse a cabo requiere el concurso de los ciudadanos organizados como comunidad, o bien son el resultado de la no acción del estado que lleva a los ciudadanos a organizarse para llevar a cabo esas acciones ellos mismos, ante la ausencia de las entidades públicas.

También puede tener lugar cuando las comunidades se organizan para sacar adelante proyectos de su interés, pero que se encuentran fuera de toda injerencia o intervención del estado en cuanto su objetivo, diseño y propósito. No interesa si la comunidad, logra alguna colaboración de una entidad pública, es ella es circunstancial y no implica una injerencia en el proyecto.

En algunas ocasiones la gestión de algunas entidades, en particular ambientales, impulsa la organización de la comunidad para llevar a cabo diversos proyectos y programas ambientales. Esta es igualmente una participación comunitaria, pues no requiere de una norma que la reglamente, sino que obedece a la iniciativa conjunta entre autoridades y comunidad, como una estrategia para sacar adelante proyectos de iniciativa local y reducir los conflictos ambientales.

6. Mecanismos para Participación Ciudadana

La constitución política de Colombia de 1991 representa la transferencia de extensas facultades a los individuos y grupos sociales. El derecho a la igualdad, la libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho de reunión, el derecho de información o el derecho de acceder a los documentos públicos, entre otros, permite a los ciudadanos una mayor participación en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas.

La corte constitucional ha señalado que los mecanismos de protección de los derechos fundamentales han obrado una redistribución del poder político a favor de toda la población, con los que se consolada y hace realidad la democracia participativa. Los instrumentos de participación democrática garantizados en la constitución, so se limitan a la organización electoral, sino que se extienden a todos los ámbitos del estado individual, familiar, social, cívico, bajo los siguientes parámetros:

6.1 El Voto 

Es un mecanismo de participación ciudadana que el pueblo de una nación puede utilizar para ejercer el derecho al sufragio.

6.2 Iniciativa Popular Legislativa y Normativa

Es el derecho que tiene un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de: leyes, ordenanzas, acuerdos y resoluciones.

6.3 Referendo

Es la convocatoria, al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma o derogue una norma vigente. Puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local.

6.4 Revocatoria del Mandato

Es el derecho que tienen los ciudadanos de dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde.

6.5 Plebiscito

Es un pronunciamiento del pueblo apoyando o rechazando una determinada decisión del ejecutivo, por convocatoria del presidente de la república.

6.6 Cabildo Abierto

Es una reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la que los habitantes pueden participar directamente, para discutir asuntos de interés para la comunidad.
Los individuos de la sociedad colombiana; es decir, las personas con capacidad de voto, tienen el derecho de poner en práctica de uso de los mecanismo de participación para tomar decisiones que ayuden a resolver los problemas que los afectan.
Los mecanismos de participación son caminos que brindan garantías y beneficios al pueblo siempre y cuando el objetivo de este sea el de buscar el bien común.
Todos los beneficios y garantías se brindan para que la gente no se ausente del mundo político del país; es decir, que por medio de su participación a través de estos mecanismos, la gente esté al tanto de las decisiones estatales que la afectan positiva o negativamente.

6.7 Las Acciones Populares

Buscan repara los daños causados a los derechos e intereses colectivos, sobre todo cuando estos generan un efecto negativo en la convivencia social. Para interponer acciones populares es necesario:
• Indicar el acto u omisión que motiva la petición
• Señalar el derecho que se considera vulnerado o amenazado
• Presentar el nombre de la autoridad pública, si fuere posible, o del órgano autor de la amenaza o agravio
• Describir la circunstancias relevantes para presentar la solicitud
• Dar nombre y lugar de residencia del solicitante, que actúa por medio de apoderado para su notificación
• Entregar las pruebas que pretende hacer valer

6.8 Las Acciones de Grupo

Son aquellas que son interpuestas por un conjunto de personas, que están en igualdad de condiciones con respecto a una misma causa que les origino perjuicios individuales. Estas acciones son procedentes para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los prejuicios causados. El requisito fundamental para interponer acciones de grupo es que debe hacerlo un grupo no menor de veinte personas, a través de un abogado, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que el prejuicio fue causado o que cesó la acción de que lo causó.

6.9 Acción de Cumplimiento

Está consagrada en el artículo 87 de la constitución, que dice: Todas las personas podrán acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. El efecto de un fallo positivo por parte de la autoridad judicial es que a la autoridad renuente se le ordena el complimiento del deber omitido.

6.10 Consulta Popular

Pregunta que se le hace al pueblo sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, por parte del presidente de la república, el gobernador o el alcalde según el caso.
La consulta popular es la institución mediante la cual, un pregunta, de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el presidente de la república, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncio formalmente al respecto.

6.11 Voto Programático

Cuando un ciudadano va a ejercer el derecho del voto, bien sea para elegir al alcalde o gobernador que va a gobernar en el siguiente período, debe conocer los programas de gobierno que los candidatos proponen, en tales programas deben estar incluidos los proyectos y las ideas que el candidato tiene en mente llevar a cabo en caso de que resulte elegido, los cuales habrá de cumplir durante su período de gobierno.
A esto es a lo que se llama voto programático, pues el candidato elegido está obligado a cumplir con el programa de gobierno que propuesto, pues si no lo hace así, la población puede invocar algunos mecanismos de participación política, como la revocatoria del mandato, para removerlo de su cargo.

6.12 Juntas de Acción Comunal

Es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propi, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa.

6.13 La Veeduría Ciudadana

Es una herramienta de vigilancia y control de la ciudadanía sobre el estado. Permite a la ciudadanía vigilar, conocer, monitorear, opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas a los servidores públicos. La veeduría se ejerce colectivamente, y quienes la ejerzan deben presentar oportunamente sus observaciones ante los organismos competentes; el derecho de petición, la acción de tutela, las acciones de cumplimiento y las acciones populares asó como otros mecanismos de participación ciudadana como la audiencia pública, son garantías y derechos constitucionales que, al facilitar su operación, le dan viabilidad a la ACCIÓN DE GRUPO.

6.14 Juez de Paz

Es un miembro de la ciudadanía colombiana elegido por voto popular para resolver pacíficamente los conflictos que se le presenten en su comunidad. Al ser elegido como juez adquiere la responsabilidad de administrar justicia y tomar decisiones en equidad. Es una persona particular que ejerce una función pública, vale decir, de servicio a la sociedad en su conjunto y de manera permanente. Su conducta debe estar acorde con la dignidad que le da dicha función y su investidura está sometida a responsabilidad disciplinaria por incumplimiento de sus obligaciones. Con los ciudadanos a través del voto el juez de paz establece una relación de expectativas sociales, es decir, de un “pacto social de ciudadanía”

6.15 Juntas de Vivienda Comunitaria

Son organizaciones cívicas sin ánimo de lucro, integradas por familias que se reúnen con el propósito de adelantar programas de mejoramiento o de autoconstrucción de vivienda. Una vez concluido el programa se podrá asimilar a la junta de acción comunal definida en la ley, si fuere procedente.

6.16 Juntas Administradoras Locales

Estas JAL son instrumentos de control, veeduría y administración municipal y un apoyo grande para los consejos municipales y las alcaldías. Corresponde a las juntas administradoras locales ruinarse por lo menos una vez al mes, dictar su propio reglamento, expedir actos con el nombre de resoluciones y, en general, además de vigilar y controlar servicios u obras en el área de esa jurisdicción, velar por el cumplimiento de sus decisiones, recomendar la adopción de determinadas medidas por las autoridades municipales, y promover la participación ciudadana.

6.17 Los Concejos Municipales de Desarrollo Rural

Son espacios de participación creados por la ley 101 de 1993, para la concertación de las políticas y programas dirigidas al desarrollo de territorios rurales, en este sentido los CMDR facilitan la participación de los habitantes rurales en la toma de decisiones que les afectan, pero además es un espacio para el ejercicio de un ciudadanía comprometida en la gestión, ejecución, seguimiento y control del desarrollo rural en su municipio.

6.18 ¿Quiénes hacen arte?

• El alcalde
• Representantes del consejo municipal
• Representantes de las entidades públicas departamentales, regionales y nacionales, que adelantan acciones de desarrollo rural en el municipio
• Representantes de las organizaciones campesinas legalmente, constituidas con presencia en el municipio
• Representantes de los gremios agropecuarios con presencia en el municipio
• Representantes de las comunidades rurales del municipio

6.19 ¿Para qué sirven los Consejos Municipales de Desarrollo Rural?

• Participar en la formulación del componente de desarrollo rural que debe ser incluido en el plan de desarrollo municipal
• Identificar las prioridades y necesidades para el desarrollo rural y agropecuario del municipio e intervenir en la gestión de posibles soluciones
• Participar en la definición de las prioridades de la UMATA, así como vigilar su ejecución a través de la comisión municipal de asistencia y técnica agropecuaria.
• Discutir los temas de reforma agraria y aprobar el plan municipal de reforma agraria con sus diferentes instrumentos y componentes.
• Discutir, validar y concertar y participar de la ejecución y de seguimiento de:
o El plan agropecuario municipal
o De los programas de la red de solidaridad social en el municipio
o El plan de atención básica de salud
o El plan municipal de salud
o Los programas del ICBF para lo rural
o Los programas del ministerio de educación para el desarrollo rural

6.20 ¿Qué es la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas?

La audiencia pública de rendición de cuentas es un mecanismo de participación que permite a los ciudadanos ejercer su derecho de control social a la gestión pública. Este mecanismo contemplado en la ley 489 de 1998 e impulsado por el departamento administrativo de la función pública promueve que la administración responda ante el ciudadano como soberano, por deberes y obligaciones asignados por la constitución y las leyes; pero también es deber del ciudadanos participar de forma autónoma, porque los asuntos que allí se tratan son de interés público y comunes, facilitando que las intervenciones del ciudadano se tenga en cuenta en la toma de decisiones en la gestión de las entidades. Frente a los asuntos públicos, todos debemos participar, intervenir y actuar asumiendo como ciudadanos derechos y deberes frente a las necesidades y proyectos de la comunidad; así, ser ciudadano implica también ser responsable frente a los asuntos comunes, a problemas, a necesidades o decisiones que afecten a la sociedad. En el proceso de rendición de cuentas de la administración pública, se tratan asuntos que son de interés general que afectan a todos, es un espacio para la defensa de interés público por parte de la ciudadanía, por tanto, es el escenario pleno para la democracia participativa que busca recatar.

7. Ciudadanía Activa

Es la forma de denominar la idea de hacer que la ciudadanía cada vez sea más consciente de sus propios poderes y de sus propios derechos de manera que esté en posibilidad de desarrollar una parte activa en la vida pública.
Otra forma en que se manifiesta la participación ciudadana es a través de las ONG las cuales pugnan por ciertos temas sociales sin sustituir en las funciones del gobierno sino evaluándolas, cuestionándolas o apoyándolas. También puede proponerse a través de la discusión de temas de importancia de los ciudadanos en foros organizados o por otras vías para llegar a un consenso.

8. Participación Activa

Con este nuevo modelo se busca la participación de la comunidad a través de diversos mecanismos de gestión, de control y de evaluación que le permita tener parte directa en los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, etc.… que la afecta, con el único fin de lograr una sociedad democrática y equilibrada, donde el ciudadano cogobierne. La propuesta para doblegar el inconformismo consiste en pasar de un ciudadano que fue sujeto pasivo a uno considerado un verdadero sujeto activo dentro del desarrollo y el devenir del estado.
Para una participación activa se requiere de:
• Tomar parte o intervenir como ciudadano o como grupo organizado, en un proceso o acción social o política, que nos interese o nos afecte colectivamente. También es incidir con capacidad de decisión.
• Puede también entenderse, como un proceso social que nos permite intercambiar argumentos y razones, aprender a negociar, construir un concepto propio de desarrollo y definir el destino colectivo.
• Es la expresión de la soberanía popular, el significado de la democracia moderna. Por eso se señala que una sociedad es más democrática, entre más participación de sus integrantes exista. No solo en la esfera política, también en la vida social. Por ello se afirma, que un indicador de desarrollo democrático en el mundo de hoy es el numero de sedes, diferentes a las sedes políticas, en las cuales se ejerce el derecho al voto; el aumento de los espacios en que el ciudadano puede ejercer su por como lector; o la mayor o menor cantidad de espacios para disenso.
• Es un principio fundamental y un fin de la intervención del estado social de derecho el estado está para garantizar, promover y apoyar la participación de sus ciudadanos.
• Es una manifestación de la riqueza de una sociedad, una expresión del capital social.
• Participamos cuando estamos pendientes del funcionamiento de la administración, cuando opinamos, al presentar sugerencias o propuestas cuando acude ante el funcionario solicitándole información, controlando los recursos y la gestión, al hacer reclamos o presentar quejas. También, cuando expresamos nuestros pensamientos para tomar decisiones.
En definitiva, la sostenibilidad de la participación depende de la apropiación del proceso por los beneficiarios. A su vez, la perdurabilidad del consenso depende de la eficacia del proceso para solventar demandas. Es necesario que prosiga la conformación de la ciudadanía. La originalidad proceso en el Risaralda consiste en que no se han dado proceso similares de reinstalación – reinauguración de la ciudadanía, que devengan en conciliaciones del sistema político basados en ruptura de las barreras de la participación.
Estabilizar a la participación consiste en la “canalización” de las energías contenidas como voluntad ciudadana. La voluntad ciudadana debe convertirse en acto en la participación y no solo por medio de la participación. Hay que evitar que la participación se agote en la insuficiencia de recursos. La “consolidación” del proceso es reconocer a la participación como un mecanismo del sistema político.
Desatar un proceso “macro” de participación como el que hemos vivido supone incorporar a la participación micro-social y asumir que es la mejor forma de potenciar el desarrollo social en un contexto de limitación de recursos.
La participación consiste también en “soltar amarras” a un desarrollo social bloqueado. Hay que romper la mutua limitación entre las variables que permanecen ancladas en los bajos índices de la pobreza. Rota esta limitación, el crecimiento de los indicadores se potenciaría en la relación entre ellos mismos, mejorando sus niveles de eficacia. Se trata es de que haya un interés activo del ciudadano por lo publico tanto en la ejecución como en la vigilancia de las gestiones administrativas que atañen directamente con la vida cotidiana de los habitantes.

9. Derecho de Petición

Es el derecho que tienen todas las personas para formular de modo escrito o verbal solicitudes respetuosas a las autoridades, y exigir de estas una respuesta oportuna.
El derecho de petición es entendido desde el concepto constitucional del derecho fundamental, es el que tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades o ante los particulares que ejerzan funciones públicas, a obtener la resolución o respuesta, dentro del término legal. La petición puede hacerse por motivos de interés general o por motivos de interés particular.
Podemos decir que para tener información suficiente sobre cualquier actuación pública es imprescindible para que pueda existir la participación de los afectados por dichas actuaciones. Información implica también formación: la información que no es entendida no sirve, por lo tanto a veces es necesario una labor de previa de formación. Por ejemplo, para iniciar un proceso de participación ciudadana en urbanismo es necesario informar no solo de lo que se el ayuntamiento quiere realizar sino, previamente, de las diferentes posibilidades existentes con arreglo a las normativas legales, las repercusiones económicas y sociales de los procesos urbanísticos, etc. Siguiendo con el ejemplo, para redactar un plan general de ordenación urbana debemos iniciar el proceso de participación con una campaña informativa sobre que es un plan general, sus fases, … antes de indicar el proceso oficial de participación (legal y obligado) de recogida de sugerencias y, posteriormente, de informar sobre las alegaciones que los vecinos y las asociaciones pueden realizar. Así habrá que responder a preguntas del tipo de: qué tipo de ciudad queremos, qué desarrollo, en los espacios libres qué tipo de equipamientos queremos: culturales, sociales, integrados, ¿centros cívicos integrales en cada barrio o centros especializados? ¿Qué es lo más necesario, Un nuevo hospital para la ciudad o centros de salud con especialidades en cada distrito? En definitiva mediante estos proceso de información/formación la ciudadanía aprende que participar también implica tener que optar entre diferentes alternativas y que los recursos públicos, tanto el presupuesto, como el suelo o el patrimonio disponible, siempre son escasos y limitados.
Es innegable la pertinencia del derecho de petición en interés general, respecto al mecanismo de participación ciudadana. No se puede desconocer la enorme importancia que dentro del tema de convivencia, reviste para el ciudadano el ejercicio del derecho de petición, así se trate de resolver un asunto de interés particular.

Existen varias clases de peticiones:

• Peticiones en interés particular: son aquellas que benefician únicamente a quienes las formula. Se deben resolver en 15 días.
• Peticiones de interés general: son aquellas que además de beneficiar a quien las formula, favorecen a toda la comunidad. Se deben resolver en 15 días.
• Peticiones de información: en ellas se solicita el acceso a la información sobre la acción de las autoridades, logrando la expedición de copias de documentos que tengan el carácter de reservados, cuyo costo debe parlo el solicitante. El término para darles respuesta es de 10 días. Si la respuesta es negativa, deberán notificarse al interesado y al agente del ministerio público (personero o procurador).
• Consultas: Son solicitudes que se efectúan en forma verbal o escrita a las autoridades, sobre las materias a su cargo. Estas deben resolverse en 30 días.

Requisitos:
• Designar la autoridad a la cual se dirigirá la petición.
• Nombre, apellidos, identificación y dirección del peticionario.
• Objeto de la petición-
• Razones en que se apoya.
• Lista de los documentos que sirven de apoyo a la solicitud en caso de que se mencionen en la petición-
• Firma del peticionario.
La empresa cuenta con 15 días hábiles para dar respuesta a la petición, pero puede ocurrir lo siguiente:
• Si la empresa responde satisfactoriamente, finaliza el trámite.
• Si responde negativamente, puede interponer, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, el recurso de reposición y en subsidio el de apelación.
• Si la empresa no responde dentro del término legal, se configura el silencio administrativo positivo.

Alerta:

Cuando la petición es incompleta, el funcionario deberá solicitar al peticionario los documentos o requisitos que hagan falta. Se deben dejar constancia escrita de esto.
Haremos primero mención y explicación lo referente a los recursos y posteriormente se hará mención a lo relacionado con el silencio administrativo positivo, todo con la finalidad de tener claridad que se debe tener hacer en caso de que ocurra cualquiera de los dos acontecimientos.
Por lo general, las decisiones que toman los funcionarios públicos dando respuesta a una petición, pueden ser revisadas por un superior cuando el interesado no esté de acuerdo con ellas, para lo cual podrá hacer uso de los siguientes recursos:

9.1 Recursos de Reposición, Recursos de Apelación o Recurso de Queja

Primero se hará una breve definición de que son los recursos de los cuales diríamos que son un medo con que cuenta el usuario para que la empresa revise las decisiones, con el fin de que aclare, modifique o revoque la decisión. Si la respuesta no es satisfactoria, se pueden interponer dentro de los 5 días siguientes a la notificación, los recursos de reposición y de apelación.
Una de las preguntas constantes de los usuarios, consumidores, etc. Es que si es necesario u obligatorio presentar estos recursos, a los cuales se les expresará que NO es obligatorio pero que en caso de requerirse demanda judicial a la decisión de la empresa, la ley exige que se haya hecho uso de los recursos para admitir la demanda. Solo cuando la empresa no le dio la oportunidad al usuario para presentar los recursos se admite la demanda.

• Recurso de Reposición:

Se presenta ante el mismo funcionario que tomó la decisión para que la aclare, modifique o revoque.
Este recurso es el remedio procesal tendiente a que el mismo juez o tribunal que dictó la resolución la subsane por “contrario imperio”
Procede: contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable. Las providencias simples son siempre recurribles mediante reposición causen o no gravamen irreparable, pero a condición, desde luego, de que el recurrente tenga interés en la reconsideración de lo decidido.
El juez, aquí también puede revocar de oficio, siempre que las resoluciones no hayan sido notificadas.
Plazo: debe deducirse dentro de los tres días contados desde el siguiente a la notificación de la respectiva providencia, y el escrito mediante el cual se la interpone debe ser fundado.

• Recursos de apelación:

Se presenta ante su superior inmediato, con los mismos propósitos.
La apelación es el remedio procesal tendiente a obtener que un tribunal jerárquicamente superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en interpretación o aplicación del derecho, o en la apreciación de la prueba o de los hechos.
El tribunal de apelación debe limitarse a examinar la decisión sobre la base del material reunido en primera instancia. Lo cual no obsta, a que la ley consienta con carácter excepcional, la apropiación de nuevos elementos de juicio ante los tribunales de alzada, o la producción, ante estos de prueba rechazada por el juez inferior.
Es de aclarar y de informar a los usuarios, consumidores etc. Que se pueden presentar a la superintendencia escritos para ampliar los argumentos de inconformidad, así como aportar o solicitar pruebas. La superintendencia cuenta con un plazo de 2 meses a partir de la fecha en que recibe el recurso para decidir.
Agotado el trámite del recurso de apelación, no se cuenta, con más recursos ante empresas o superintendencia. Se puede demandar las decisiones de estas ante la justicia de lo contencioso administrativo.

• Recurso de queja:

Se presenta ante el superior cuando se rechaza el de apelación. Según el art. 282, la parte que se considere agraviada podrá recurrir directamente en queja ante la cámara, pidiendo que se otorgue el recurso denegado y se ordene la remisión del expediente.
Si bien el juez de primera instancia se halla facultado para denegar la apelación (por haberse interpuesto fuera del plazo, por ser irrecurrible la resolución, etc.) el juicio definitivo sobre la admisibilidad del recurso incumbe al tribunal superior.

Régimen legal:

El recurso de queja debe interponerse dentro de cinco días de notificada (por ministerio de ley) la resolución denegatoria, con la ampliación que corresponda (art 158,282)

10. Silencio Administrativo Positivo:

Este consiste en que si una empresa no respondió las peticiones o recursos dentro del término previsto en la ley, se entiende que la petición o recurso se resolvió de manera favorable para el usuario.
El SAP se aplica únicamente a las peticiones, quejas y recursos relativos a los contratos de servicios públicos.
Este silencio administrativo positivo se configura cuando la empresa no emite la respuesta dentro del plazo de los 15 días, o cuando dicta la respuesta en ese plazo para no inicia el trámite de notificación a usuario dentro de los 5 días siguientes. Una vez configurado el SAP, la empresa debe hacer efectiva su solicitud dentro de las 72 horas siguientes.

MODELOS DE FORMATOS DE PQRS:

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS ANTE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Todo suscriptor o usuario tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos ante las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, la cual tiene la obligación de adecuar una Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos, cuyas obligación es recibir, atender, tramitar y responder.

Las Personerías Municipales, Defensorías del Pueblo, Comités de Desarrollo y Control, Vocales de los Comités de Servicios Públicos, las Ligas y Asociaciones de Consumidores pueden asesorar a los usuarios para el respectivo trámite de las quejas, peticiones y reclamos.

•  DERECHO DE PETICIÓN

Ciudad _______________ Día ___Mes ______Año 20__

Señor(a)
GERENTE
Empresa de ___________________ E.P.S.
Ciudad

Referencia: ___________________________
Cuenta interna No. ______________________

Yo, _______________________, persona mayor de edad, con domicilio permanente en esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma en el presente escrito, y obrando como usuario del servicio público domiciliario que presta su empresa, respetuosamente me dirijo a su Despacho para que me sea atendida y resuelta la siguiente Petición, conforme lo dispone el artículo 23 de la Constitución Nacional, artículo 153 y 158 de la Ley 142 de 1994, artículo 123 del Decreto 2150 de 1995 y artículo 9 el Decreto 2223 de 1996, por las razones de Hecho y Derecho que a continuación expongo:

1. ______________________, 2. ______________________, 3. ___________, 4. ____________________.
PRUEBAS: (Estas no sólo deben restringirse a las documentales, sino que se puede indicar la posibilidad de testigos, peritos, indicios y demás formas probatorias que considere).
Téngase como soporte de mi reclamación las que reposan en los archivos magnéticos y documentales de la Empresa y las siguientes que anexo:
A)
B)
Etc. _______________________
PRETENSIÓN: (En este espacio es importante detallar qué desea con la petición, la cual debe ser suficientemente clara, concreta y legal, a efectos de ser respondida debidamente por la empresa prestadora), _______________________.

• NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Recibo correspondencia en la dirección registrada en su Empresa o en la __________________________________.

Atentamente,
Firma ______________________________________
Nombres y Apellidos __________________________
C.C. No. ___________________________ de ______
Dirección ____________________________________
Teléfono _____________________________________

•  RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN

Ciudad ______________ Día __________ Mes _____________ Año___

Señor(a)
____________________________

Empresa de ____________________

Por medio de este escrito y con fundamento en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, presento ante usted Recurso de Reposición y subsidiariamente el de Apelación ante el Gerente o Representante legal de Empresa, para que se revise y modifique la decisión tomada por la empresa a través de la Resolución u Oficio Nro. _______ de fecha ____________________, referente a la petición que formulé por escrito, radicado bajo el Nro. _______________ el día_________ mes _____ del año _____.

Presento este recurso sustentado en las siguientes razones:
_______________________________

Anexo como soporte los documentos relacionados a continuación en (___) folios:
__________________________________

Los cuales solicito se incorporen al expediente.

Por último, manifiesto que, de conformidad con el artículo 158 de la Ley 142 de 1994 y el decreto Ley 2150 de 1995, la empresa cuenta con 15 días hábiles para resolver el presente recurso.
Cordialmente,

Firma _____________________________________________
Nombres y apellidos ________________________________________________________
C.C. Nro. ___________________________ de _____________________________________
Dirección _____________________________________________
Teléfono Nro. ____________________________________________

• SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

Constituye argumentos que sustentan este recurso, los siguientes:
(HACER USO DE LOS ARGUMENTOS EN LA DEFENSA)
PRUEBAS

NOTIFICACIONES
El suscrito en_________________de esta ciudad.
Atentamente,
_______________________
C.C. No. __________________ de____________

• SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO – SAP

Ciudad________________ Día_________ Mes_________Año____________
Doctor (a)
______________________________________________
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Dirección ________________________________________
Ciudad _________________________
Respetado (a) doctor (a):
Con fundamento en los Artículos 804 y 158 de la Ley 142 de 1994, artículo 123 del Decreto 2150 de 1995 y artículo 9 del Decreto 2223 de 1996, respetuosamente solicito a Usted aplicar la sanción pertinente de conformidad con lo estipulado en la Ley, debido a que la empresa de __________________________no respondió mi PETICIÓN radicada bajo el Nro. ____del día____________ del mes ___________ de 20__ ni el SILENCIO POSITIVO radicado bajo el Nro. __________ del día _____________ del mes __________________de 20__ dentro de los términos establecidos por la Ley.
PRUEBAS
1. Copia del Derecho de Petición con el sello y fecha de radicado
2. (Indicar otras pruebas que considere importantes)
Recibo correspondencia en: (Indicar la dirección donde reciba notificación y su teléfono)

Cordialmente,
Firma ___________________________________
Nombres y apellidos _________________________________________________
C.C. Nro. ___________________________ de _____________________________________
Dirección ______________________________________
Teléfono Nro. _________________________________________
Folios: (Indica el No. De páginas anexas)

PRÓXIMAMENTE LA PUBLICACION DE LA 2° PARTE DE ESTA PROPUESTA

Ley 1527 del 2012.

Ley 1555 del 2012.